El fenómeno creciente de viviendas okupadas a la venta: retos legales y sociales

La okupación ilegal de inmuebles. Un problema que preocupa

En el tercer trimestre de 2025, el número de viviendas okupadas a la venta en España superó las 23.000 unidades, según un estudio de Idealista basado en su plataforma inmobiliaria. Estas viviendas representan ya el 3% de toda la oferta disponible en el mercado nacional, una cifra que evidencia el crecimiento sostenido de esta problemática que afecta especialmente a grandes ciudades y determinados barrios.

Distribución geográfica y datos relevantes: Barcelona lidera tanto en número absoluto como en porcentaje, con cerca de 855 viviendas okupadas a la venta, lo que supone el 7,9% de la oferta en esta ciudad. Le siguen Madrid con 776, Sevilla con 558, Murcia con 427 y Málaga con 304 unidades ocupadas a la venta. En total, las ocho capitales mencionadas concentran el 69% de este tipo de inmuebles, reflejando un impacto significativo en las grandes urbes.

Impacto económico para los propietarios: La presencia de okupas obliga a muchos propietarios, cansados de esperar una respuesta judicial efectiva, a vender sus inmuebles a precios que pueden llegar a ser hasta un 50% inferiores al valor de mercado. Esta situación genera pérdidas económicas importantes y aumenta la sensación de inseguridad jurídica entre los titulares de propiedades afectadas.​

Retos legales y normativos: El marco legal en España tipifica la ocupación ilegal como un delito de usurpación (Artículo 245 del Código Penal), diferenciándose del allanamiento de morada que conlleva sanciones más graves cuando la vivienda está habitada. No obstante, la lentitud del sistema judicial y los procesos prolongados dificultan desahucios rápidos y efectivos, lo que agrava la situación. En 2025, nuevas reformas legales buscan agilizar esta vía, instaurando juicios rápidos con potenciales desalojos en un plazo de 15 días si se detecta la ocupación en las primeras 48 horas.​

Consecuencias sociales: Más allá del conflicto individual, la okupación ilegal tiene un impacto en la convivencia vecinal y en el deterioro del entorno urbano, generando problemas de seguridad y tensiones comunitarias. En el ámbito de la vivienda social, agrava la escasez al reducir la disponibilidad de inmuebles destinados a familias vulnerables y frena iniciativas públicas o privadas para mejorar el acceso a la vivienda asequible.

Perspectivas y soluciones: Frente a este fenómeno, expertos y autoridades coinciden en la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios, agilizar los procedimientos de desalojo y fomentar políticas de vivienda que combatan las causas estructurales de la okupación, tales como la falta de acceso a viviendas asequibles. Asimismo, la profesionalización del sector inmobiliario en la gestión de inmuebles okupados se posiciona como una estrategia para mitigar riesgos y contribuir a la recuperación de viviendas para su uso legal.​

En conclusión, la venta de viviendas okupadas constituye un reto creciente en el mercado inmobiliario español. La combinación de un fenómeno legal complejo, impacto económico para los propietarios y las repercusiones sociales hace imprescindible una respuesta integral que garantice derechos, seguridad y estabilidad en el sector.